El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable de Quintana Roo (Sedetus), Armando Lara De Nigris fue relevado del cargo a partir del 15 de enero pasado y será sustituido por José Alberto Alonso Ovando, quien fungía como director general de la Agencia de Proyectos Estratégicos del estado (Agepro).
Los cambios y respectivos nombramientos no se han hecho públicos de forma oficial, pero fueron confirmados por dos fuentes oficiales de alto nivel a Newsday Caribe.
Estos relevos se suman al de Rodrigo Alcázar como director general del Instituto de Movilidad del estado (Imoveqroo), quien será sustituido a partir de febrero por Rafael Hernández Kotasek, un economista que está a cargo aún de la Agencia de Transporte de Yucatán, conforme al anuncio oficial hecho el pasado 16 de enero.
Proximo nombramiento, un misterio aun
Lara De Nigris se mantiene dentro del gabinete estatal, en donde ocupará un cargo, hasta el momento no precisado.
Ingeniero Civil de profesión por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en Nuevo León, Armando Lara formó parte de la administración de la presidenta municipal de Benito Juárez, Magaly Achach Solís (1999-2002) dentro de la Dirección General de Desarrollo Urbano, bajo la titularidad de Carlos Díaz Carvajal.
Es ubicado como uno de los funcionarios más cercanos a la gobernadora del estado, Mara Lezama, desde que fungió como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano de ese mismo ayuntamiento, cuando Lezama Espinosa fue electa como presidenta municipal (2018-2021) y luego cuando ella fue reelecta.
En 2022, luego de contender por la gubernatura del estado y ganar, la titular del Ejecutivo del estado lo nombró como titular de la Sedetus.
Su paso por la administración no ha estado exento de polémicas, siendo una de las más controvertidas, la actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Cancún (PDU 2022-2030), vigente, proceso que estuvo a su cargo.
Ocurre que, a espaldas de la ciudadanía, fueron incorporados en el PDU Polígonos de Actuación –como el del residencial Pok Ta Pok– posterior al proceso de consulta pública de dicho instrumento de planeación urbana, lo que dejó sin posibilidad a cuerpos colegiados, académicos, sociedad civil y empresarios, de opinar sobre la pertinencia de esa modificación.
Aquella acción derivó en demandas de amparo de asociaciones como Opus Magnum, Defensa a un Medioambiente Sano (DMAS) y residentes de Pok Ta Pok, localizado en la zona hotelera de Cancún.
En mayo del 2023 el Juzgado Quinto de Distrito, radicado en Cancún, instruyó al gobierno municipal de Cancún –ya encabezado por Ana Patricia Peralta– a dejar sin efecto esa versión del PDU, a reponer el procedimiento, formular y aprobar un nuevo instrumento de planeación bajo las consideraciones que le fueron señaladas al ayuntamiento. Esto se incumplió.
De Agepro a Sedetus
Quien releva a Lara De Nigris en Sedetus es José Alberto Alonso Ovando, contador público originario de Chetumal, también con una amplia trayectoria en la administración pública.
El funcionario ha fungido como director de la Agepro –un organismo estatal, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sede)– creado en 2017 durante la administración de Carlos Joaquín (2016-2022), el cual absorbió las facultades y competencias del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración del estado (IPAE).
En el último tramo del joaquinismo, el titular de la Agencia, Eduardo Ortiz Jasso, fue relevado del cargo, enviado al Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del estado (IDEFIN) y sustituido por Alonso Ovando.
Antes de ello, José Alberto Alonso se desempeñó como director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y titular de la entonces Secretaría de Educación y Cultura de Quintana Roo (SEyC), durante el gobierno de Roberto Borge (2011-2016)
También formó parte del gobierno de Félix González Canto (2005-2010), como titular de la desaparecida Secretaría de Planeación y Desarrollo (Seplader)
Con el cambio de gobierno, de Borge a Joaquín González, fue objeto de investigación por presuntas irregularidades.
Se le atribuyó la posesión de 11 propiedades en diversas localidades de Quintana Roo y se le vinculó con un probable desvío de recursos por al menos 8 millones de pesos en 2015, según la Auditoria Superior del estado (Aseqroo), pero al final no se le acreditó responsabilidad alguna, al menos públicamente.
