Con 24 votos a favor y en medio de protestas, el Congreso de Quintana Roo aprobó el proyecto de decreto que reforma la Constitución estatal para concretar el cambio de nombre del municipio de Solidaridad a Playa del Carmen.
La iniciativa fue presentada al Congreso el pasado 6 de marzo, por el ayuntamiento de Solidaridad, luego de ser votada a favor por el Cabildo.
Esta tarde fue dictaminada en comisiones y turnada a la Mesa Directiva para ser votada por el pleno en su sesión número 11, en presencia de la alcaldesa, Estefanía Mercado Ascencio, quien estuvo acompañada por integrantes de su gabinete.
La primera parte de la sesión se desarrolló en medio de gritos, protestas e incluso insultos, que motivaron un breve receso y la salida del recinto legislativo del “Grupo 28 de Julio” , encabezado por el regidor de Solidaridad, José Luis “Chanito” Toledo, inconforme con el proceso que dio pie al cambio de denominación del municipio.
El diputado Ricardo Velasco, quien daba lectura al proyecto de decreto, tuvo que alzar la voz y, casi a gritos, concluyó con la exposición.
También hubo varias mociones de orden, ante gritos como “mentirosos” y “cómplices”, exclamados en esa primera parte de la sesión.
Cambio semántico y estratégico
La coincidencia de las y los siete diputados pertenecientes al bloque de partidos del oficialismo, incluso a los dos de oposición que subieron a tribuna, fue destacar que el cambio de nombre no es solo una cuestión semántica, sino estratégica en materia turística, además de reforzar la identidad de las y los playenses.
Entre gritos y manifestaciones en contra, el diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Filiberto Martínez, admitió que el cambio de denominación ha despertado “opiniones diversas y pasiones”, pero resaltó que al ser una sola comunidad, debían permanecer unidos, y no divididos.
“No podemos permitir que este debate se convierta simplemente en una batalla de quienes estamos a favor del crecimiento de Playa del Carmen y de quienes son escépticos ante esta transformación”, subrayó.
Justo durante su intervención, se declaró un receso y fue suspendida la transmisión en vivo, a través de la página de Facebook del Congreso, debido a la intensidad de los reclamos, que llegaron a los empujones, los golpes e insultos dentro del recinto.
En minutos, se repuso la sesión y la transmisión; y Filiberto Martínez retomó la palabra, seguido de la legisladora por Morena, Jennifer Rubio Tello, quien hizo un recuento histórico sobre la creación del municipio y el cambio de nombre durante el sexenio del entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, que calificó como un régimen corrupto”.
Su par, Lilia Inés Lis Martínez, afirmó que, en su opinión, el cambio de nombre del municipio a Playa del Carmen, era “un paso necesario, legítimo y respaldado por la ciudadanía”.
“No es un capricho, ni una ocurrencia improvisada. Es nuestra identidad, nuestra historia, la marca de nuestra proyección al mundo”, sostuvo.
La diputada rechazó que para concretar esta reforma, hubiesen recibido 500 mil pesos, ni que se hubieran dado “negociaciones en lo oscurito”, como —dijo— aseguraron “algunas voces”.
También negó que con el cambio de nombre, el ayuntamiento tenga que gastar mil millones de pesos de recursos públicos, argumento central del regidor José Luis Toledo.
El diputado por el Partido del Trabajo (PT), Hugo Alday, se centró en los componentes legales que sustentan las facultades para proponer y aprobar el cambio de denominación del municipio.
“No permitiremos que la mentira y la manipulación política obstaculicen el proceso legal y legítimo”, expresó.
Las posturas de otras y otros diputados, como Euterpe Gutiérrez, Eric Arcila, Jorge Sanen e incluso de la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Reyna Tamayo, fueron en el mismo sentido y se centraron en los beneficios que ven en la reforma constitucional aprobada, que incluyó modificaciones a la Ley de los Municipios.
El proyecto de decreto tendrá que pasar por los ayuntamientos para ser aprobado por sus respectivos Cabildos, y así completar el trámite legislativo qué posibilite su publicación en el Periódico Oficial del estado y entrada en vigor.
