El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Quintana Roo inició un diálogo con la Secretaría de Gobierno y la Consejería Jurídica para reformar la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación del Dominio. El objetivo es ajustar varios puntos clave que preocupan al sector empresarial.
Reunión inicial con propuestas concretas
Javier Olvera Silveira, presidente del CCE, informó que el 31 de enero se presentó una propuesta de reforma durante una reunión con Cristina Torres Gómez, titular de la Secretaría de Gobierno. En la reunión también participó Eduardo Galaviz Ibarra, representante del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, quien destacó el acercamiento como positivo, ya que las observaciones del sector empresarial serán analizadas por el Poder Ejecutivo antes de presentarlas al Congreso local.
Principales observaciones a la ley
El sector empresarial busca reducir los criterios de utilidad pública para expropiaciones, que actualmente incluyen 25 causales en la ley estatal, frente a las nueve establecidas en la Ley Federal de Expropiación. Según los empresarios, este número es excesivo y abre la posibilidad de interpretaciones ambiguas.
Entre las observaciones destacan:
- Clarificar el término “bienes inmuebles”: Galaviz Ibarra señaló que este término no está definido en el marco legal federal, lo que podría generar interpretaciones amplias que incluyan propiedades, vehículos u objetos de valor.
- Modificar el artículo 11: Especialmente el inciso XXV, que permite expropiaciones para proyectos de inversión pública o privada que beneficien intereses colectivos. Los empresarios enfatizan que las expropiaciones deben ser exclusivamente de carácter público.“No se entiende cómo puede ser una expropiación para una inversión privada. Siempre tiene que ser pública, no puede ser privada”, subrayó Galaviz Ibarra.
- Eliminar la posibilidad de solicitudes de expropiación por particulares o civiles: Según el CCE, la ley actual permite que organizaciones privadas pidan al gobierno expropiar terrenos, lo que podría abrir la puerta a abusos o proyectos con fines personales.“Es importante que no se permita que particulares pidan expropiación, porque esto podría usarse para afectar a alguien o favorecer proyectos personales”, agregó Galaviz Ibarra.
- Proceso de expropiación y uso de la fuerza pública: En el artículo 20, se señala que, si la persona afectada se opone al desalojo, es válido el uso de la fuerza pública. El CCE propone una revisión más detallada para evitar conflictos.
Próximos pasos
Las observaciones han sido presentadas a la Consejería Jurídica y a la Secretaría de Gobierno. Ahora, las autoridades analizarán jurídicamente los puntos señalados antes de decidir si modifican la ley.
Este proceso tomará tiempo, ya que se planean nuevas mesas de diálogo para garantizar que tanto el sector privado como el gobierno estatal lleguen a acuerdos satisfactorios en la redacción final de la reforma.
