El secretario de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, Julio César Gómez, informó que el gobierno estatal tiene como meta certificar todas sus cárceles para 2027, un objetivo que busca revertir la situación crítica de los penales, actualmente reprobados según los más recientes informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el INEGI.
Para lograrlo, Gómez explicó que se han implementado acciones para desintegrar el autogobierno en las prisiones, mejorar la calidad de la alimentación, la higiene y garantizar actividades programadas bajo supervisión. Sin embargo, reconoció que el hacinamiento sigue siendo el principal reto estructural.
“Hemos trabajado en crear condiciones más dignas para los internos, erradicando prácticas de autogobierno que antes eran comunes, como rejas abiertas todo el día y falta de supervisión. Hoy operamos con horarios estrictos y actividades planificadas”, afirmó Gómez.
Un sistema en crisis
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (2023), las cárceles de Quintana Roo tienen una calificación promedio de 4.84 sobre 10, una de las más bajas del país. Este panorama incluye al Penitenciario Estatal No. 2 de Cancún, que obtuvo una evaluación de 3.33, debido a problemas como el hacinamiento, ya que opera con más del doble de su capacidad diseñada al albergar 1,755 internos.
Incluso el Penitenciario Estatal No. 4 de Playa del Carmen, el mejor evaluado del estado, enfrenta un problema similar, con casi el doble de su capacidad ocupada.
Acciones en marcha
Entre las medidas mencionadas por el secretario Gómez destacan:
- Desintegración del autogobierno: Implementación de horarios programados y control en las áreas comunes.
- Mejora en condiciones básicas: Cambios en la alimentación, higiene y atención médica.
- Fortalecimiento de la reinserción social: A través de programas educativos y laborales, aunque aún son limitados.
“Queremos transformar nuestras cárceles en centros de reinserción social reales. Es un camino largo, pero estamos comprometidos con garantizar condiciones dignas y reducir el hacinamiento”, afirmó Gómez.
¿Un objetivo alcanzable?
A pesar de los avances reportados, la certificación para 2027 enfrenta obstáculos significativos. Resolver problemas estructurales como el hacinamiento y la falta de personal capacitado requerirá no solo inversiones, sino un compromiso sostenido a largo plazo.
El reto también incluye cambiar la percepción pública y garantizar que los internos reciban un trato acorde con los estándares internacionales de derechos humanos.
