Tras el conflicto suscitado en el ciclo lectivo pasado en la escuela secundaria Gabriel García Márquez por la instalación de cámaras de seguridad en las aulas —proceso que generó la oposición de docentes sindicalizados y culminó en el desmantelamiento de los dispositivos—, la diputada local y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la décimo octava Legislatura, Lilia Mis, ha propuesto un acercamiento más conciliador para abordar la implementación de estas medidas en el sistema educativo.
La diputada Lilia Mis ha subrayado la necesidad de regular esta práctica en beneficio de la seguridad de niñas, niños y adolescentes, pero considera que, antes de proceder de manera obligatoria, es esencial fomentar el acuerdo entre todas las partes involucradas. “Estamos en reuniones con los líderes sindicales porque es importante hacer un trabajo colegiado con maestras y maestros. Lejos de verlo como una fiscalización, esto es una cuestión de protección que afecta a ambas partes”, afirmó.
El tema cobró relevancia en mayo, cuando padres y madres de familia de la secundaria Gabriel García Márquez protestaron contra la delegada de la sección 2-32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Ariadna Sosa, y otros maestros que bloquearon el uso de las cámaras, las cuales fueron donadas por una empresa privada como medida para proteger tanto a los alumnos como a los docentes. Los representantes sindicales alegaron que no habían sido informados adecuadamente, lo que motivó su rechazo a la instalación. No obstante, el director del plantel sostuvo que el personal sí fue notificado del proyecto. Finalmente, las autoridades educativas accedieron a desactivar las cámaras sin que, posteriormente, se estableciera un protocolo para reinstalarlas.
Ante la polémica, la diputada Mis destacó que la colocación de cámaras no debería interpretarse como una herramienta de control, sino como un medio de protección y apoyo. “Cuando fui docente —ahora estoy jubilada— instalamos cámaras en todas las aulas, lo que nos permitió observar comportamientos y realizar evaluaciones más precisas”, explicó. A su juicio, esta tecnología puede contribuir al desarrollo y seguridad de los estudiantes.
La legisladora también enfatizó que, en algunos casos, la instalación de cámaras en aulas ha sido obligatoria debido a circunstancias delicadas, y planteó que eventualmente esta medida podría implementarse en todos los centros educativos. Mis insistió en que, para evitar conflictos, es preferible que su uso se adopte voluntariamente. “El que nada debe, nada teme”, concluyó, haciendo un llamado a los docentes para que consideren los beneficios de esta herramienta en el entorno escolar.
