La polémica en torno al aumento de tarifas para los parquímetros en el centro de Playa del Carmen, anunciado por la empresa Promotora de Reordenamiento Urbano, conocida como Playaparq, se intensifica mientras persisten los cuestionamientos sobre la legalidad de su operación en calles no municipalizadas, que siguen bajo la jurisdicción del gobierno del Estado. A partir del 1 de enero de 2025, el ajuste en las tarifas anunciado por el gerente general de Playaparq, Diego Gracidas Martínez, ha provocado reacciones negativas y renovado los llamados a revisar el contrato de concesión y la regulación de los espacios de estacionamiento.
Desde hace cinco años, el uso de estos parquímetros ha sido objeto de críticas, especialmente por parte del exregidor Marciano Toledo Sánchez, quien durante su gestión (2021-2024) denunció la instalación de los dispositivos en calles que no pertenecen al municipio de Solidaridad, lo que consideraría el cobro como ilegal. Según Toledo Sánchez, estas calles pertenecen al Estado, y el convenio de concesión no debería aplicarse sin la debida autorización estatal.
Al revisar el contrato de concesión firmado en 2018 por la entonces presidenta suplente Samaria Angulo Salas y Diego Gracidas como apoderado legal de Playaparq, varios puntos son especialmente reveladores. En primer lugar, el contrato establece que cualquier cambio en las tarifas debe ser autorizado previamente por el municipio, un paso que no se habría seguido antes del anuncio público del incremento. Además, el documento obliga a la empresa a gestionar los permisos necesarios con todas las autoridades pertinentes, incluidas las federales y estatales, para garantizar la legalidad de la operación en las vialidades involucradas.
Este conflicto ha obligado a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO) a intervenir, iniciando las gestiones para ceder, mediante donación gratuita, la titularidad de cinco superficies urbanas al Ayuntamiento de Solidaridad, buscando dar claridad jurídica sobre las calles donde operan los parquímetros. Estas áreas incluyen vialidades clave en las colonias Aviación, Gonzalo Guerrero, Quintas del Carmen, Xaman Ha, Tohoku, Sac-Pakal, Infonavit Gaviotas, Las Brisas y Zazil Ha, donde ya se encuentran instaladas las máquinas de Playaparq.
Aunque el proceso de donación puede resolver la controversia a largo plazo, actualmente estas vialidades aún no forman parte del dominio municipal, lo que implica que el cobro realizado por Playaparq podría carecer de fundamento legal. A pesar de la situación, Gracidas Martínez ha desestimado las críticas, calificándolas como “opiniones mal informadas” sin aportar pruebas concretas que demuestren la legalidad de la operación en dichos tramos.
La ambigüedad persiste, y los habitantes de Playa del Carmen siguen esperando una respuesta oficial que aclare la situación. La urgencia de transparencia en la concesión y el cumplimiento de las normativas se hace cada vez más evidente, mientras la tensión entre la empresa y la comunidad continúa creciendo.
