Analizan iniciativa de salud integral y reforma contra el acoso digital en Quintana Roo.
Analizan iniciativa de salud integral y reforma contra el acoso digital en Quintana Roo.

Congreso del Estado propone penas más altas por acoso digital en Quintana Roo

El Congreso del Estado dio lectura a dos iniciativas enfocadas en el bienestar integral de las personas y la erradicación de la violencia digital, entre ellas una iniciativa de salud integral y una reforma para endurecer las sanciones contra el acoso digital en Quintana Roo.

En la sesión ordinaria número 5, se dio lectura a la iniciativa para reformar el párrafo décimo del artículo 13 de la Constitución Política del Estado, impulsada por el diputado José María Chacón Chablé y la diputada Jennifer Paulina Rubio Tello, la cual busca que la Constitución garantice expresamente el derecho de toda persona a la protección de la salud integral, abarcando el bienestar físico, mental y emocional.

¿Qué busca la iniciativa de salud integral en Quintana Roo?

El objetivo de esta iniciativa de salud integral en Quintana Roo es brindar atención y certeza jurídica ante los crecientes retos psicoemocionales, como la ansiedad y la depresión, que afectan a la población quintanarroense.

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Analizan iniciativa de salud integral y reforma contra el acoso digital en Quintana Roo.
Analizan iniciativa de salud integral y reforma contra el acoso digital en Quintana Roo.

Reforma busca aumentar penas por acoso digital en Quintana Roo

Por otra parte, se dio lectura a la iniciativa que reforma y adiciona diversos párrafos al artículo 130 Bis del Código Penal del Estado, promovida por las diputadas Paola Moreno Córdova y Jimena Lasa, junto con el diputado Jorge Sanén.

Dicho proyecto legislativo busca aumentar la pena hasta en una mitad cuando el delito de acoso sexual se cometa a través de tecnologías de la información, redes sociales, aplicaciones de mensajería o cualquier otro medio digital.

Sanciones más estrictas para servidores públicos y docentes

Esta reforma penal también contempla sanciones más estrictas, incluyendo la destitución e inhabilitación permanente en caso de reincidencia, para servidores públicos o docentes que cometan estas conductas.

Además, establece la adopción de medidas inmediatas para proteger a las víctimas de cualquier contacto o intimidación durante la investigación.

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